Pensiones

Si algunos bancos, cajas y asociaciones empresariales pusieran tanto empeño en arrimar el hombro en lugar de dedicar todas sus energías a meternos miedo, posiblemente las dificultades serían menos intensas y duraderas. Pero no, ellos en su miope codicia solo parecen interesados en ampliar sus beneficios trasladando la presión fiscal a las rentas medias y bajas. Solo parecen preocupados por reducir el importe de las indemnizaciones por despido y en fundamentar nuestro sistema tributario en impuestos indirectos, que son por definición, desproporcionadamente injustos, eso sí, con la ventaja de que hacen innecesarios los paraísos fiscales y con el inconveniente de que incrementan la desigualdad social.

Un nuevo informe, de dudosa objetividad y confeccionado por algún experto de declarada fidelidad económica e ideológica, ha visto la luz. Esta vez ha sido FUNCA (Fundación de Cajas de Ahorros) y el tema principal ha sido de nuevo nuestras pensiones. Estos señores proponen, sin ni siquiera tener la gentileza de regalar un bote de vaselina con cada copia del informe, ampliar la edad de jubilación hasta los setenta años e incrementar el periodo de cotización mínima, pasándolo de quince a veinticinco años. Y esto, dicho por los representantes de unas entidades que de forma sistemática han regulado sus plantillas prejubilando a empleados con cincuenta y dos años, resulta como mínimo grotesco. Ahora, cuando el gobierno empieza a cortar el grifo de esas prejubilaciones irracionales, imputadas a nuestros impuestos y aportaciones sociales, descubren la perentoria e inevitable necesidad no solo de reformar nuestro sistema de pensiones, sino también de dar entrada a la gestión privada. Propuesta, esta última, que en la Galilea del siglo I les hubiera supuesto la lapidación inmediata, especialmente después de haber logrado que los ahorros de miles de personas se evaporaran en cuestión de minutos.

Y todas estas reformas las plantean como si nuestro sistema público de pensiones fuera un dechado de generosidad, cuando la realidad es que comparándolo con otros modelos europeos resulta muy exigente. Por ejemplo, Francia solo exige doscientas horas trabajadas para tener acceso a la pensión mínima, Suecia tres años. En España son quince los años requeridos y eso solo te otorga el derecho al cincuenta por ciento de tu base reguladora, que está vinculada a los ingresos del trabajador (para el cien por cien se requieren treinta y cinco años). Nuestro país tiene además una exigencia muy perversa, y es que los últimos dos años cotizados deben de ser inmediatamente anteriores al hecho causante, por lo que si tienes la mala suerte de no tenerlos, da igual cuanto tiempo hayas cotizado, te quedas sin pensión. Así que nuestro sistema más bien se distingue por su mezquindad.

Las propuestas de estos señores solo parecen ir dirigidas a dejar a miles de trabajadores sin sus pensiones o reducir estas a la mínima expresión, para obligarnos a contratar seguros privados. Ellos saben perfectamente que los mayores de cuarenta y cinco años, junto con jóvenes y mujeres, es uno de los colectivos que más altas tasas de desempleo presenta y este, casi siempre, es de larga duración. Con sus propuestas muchas personas pueden quedar fuera del sistema de pensiones contributivas, incluso después de muchos años de cotización. La verdad no sé qué me jode más, que estos sinvergüenzas abusen de forma tan descarada o que nuestras calles en lugar de adoquinadas estén asfaltadas.