Mi querida España
esta España mía,
esta España nuestra.
De tu santa siesta
ahora te despiertan
versos de poetas.
¿Dónde están tus ojos?
¿Dónde están tus manos?
¿Dónde tu cabeza?
Mi querida España
esta España mía,
esta España nuestra.
De las aras quietas
de las vendas negras
sobre carne abierta.
¿Quién pasó tu hambre?
¿Quién bebió tu sangre
cuando estabas seca?
Cecilia (1975)
El juez de la Audiencia Nacional, esa que entiende de narcotráfico y terrorismo, ha decidido solicitar a parroquias y administraciones la lista de personas fusiladas y desaparecidas durante el franquismo. Apenas se ha secado la tinta de la petición y ya la caverna mediática y social ha reaccionado como si se hubiera escupido sobre un altar. Su desproporcionada reacción solo es comparable a los absurdos argumentos esgrimidos contra esta iniciativa judicial, la cual solo pretende que por fin, después de setenta años, se confeccione una lista de desaparecidos, es decir, determinar el número exacto de víctimas de “los veinticinco años de paz”.
Hasta la fecha, y es importante recordarlo, solo se conoce el número y también los nombres de las personas muertas por las “hordas marxistas” o caídos por “la Patria y Dios”. Sobre el resto siempre ha existido una interesada indiferencia, porque conocer su número exacto equivaldría a desmontar uno de los tantos mitos creados en torno a la dictadura franquista, su “benevolencia” frente al vencido.
Esta derecha ve temblar los cimientos de su integridad moral y de su épica. Hablan de abrir viejas heridas, pero algunas de éstas nunca se han cerrado, solo han permanecido amordazadas. Estas actitudes tan solo sirven para volver al mito de las dos Españas. Pero como muy acertadamente dijo Biedma, estas dos Españas nunca existieron, solo existió media España ocupando la otra media.
Con sus palabras y sus titulares indignados solo evidencian su miedo a la verdad, a que los mitos y leyendas en torno a la guerra civil y la dictadura desaparezcan engullidos por la crudeza de los hechos. Estos que tan preocupados están ahora por en qué se gasta el dinero público, no manifestaron la misma preocupación cuando un gobierno del PP, a cuenta de los mismos impuestos que ahora tanto les obsesionan, repatrió los cadáveres de los voluntarios de la División Azul enterrados en Rusia. Y esos hombres se alistaron para combatir en una guerra de agresión y exterminio. En ese momento nadie cuestionó el derecho de los familiares a enterrar con dignidad y cerca de ellos a sus muertos. En cambio cuando se trata de recuperar los cadáveres de republicanos militantes, demócratas o simplemente ciudadanos que tuvieron la mala suerte de ser denunciados por rencores o envidias, montan un escándalo mayúsculo, convocando a modo de amenaza a todos los fantasmas de nuestra historia reciente.
Creo que hace tiempo los demócratas deberíamos haber dicho basta a estos desequilibrados que setenta años después aún continúan destilando rencor. La transición se construyó a partir de un olvido. Pero aquí los únicos que han olvidado y callado han sido las víctimas y sus familiares, porque los otros han continuado comportándose como cruzados y han mostrado públicamente y sin recato alguno el orgullo de serlo. Deberíamos decir basta a un consenso que se fundamenta en silenciar una parte de nuestra memoria y enaltece otra. Quizá debamos olvidar, pero o lo hacemos todos o tiramos la memoria al río.
Seguramente esta decisión del juez Garzón no sirva para iniciar un proceso penal contra nadie, pocos de los responsables de las muertes viven ya. Pero sí tiene el innegable valor de evidenciar la red de complicidades y silencios mantenidos en el tiempo que fueron imprescindibles para que nadie preguntara e indagara sobre estas muertes y esta lista posiblemente también podría revelar el alto grado de institucionalización que el asesinato tuvo durante la dictadura. Además no debe ser plato de gusto para nadie que públicamente se den a conocer no sólo el nombre de las víctimas, sino también el de los verdugos y descubrir asombrado que aquel dulce abuelo que tantas historias de la guerra le contó, obviara aquellas en las que se convertía en un matarife.
Dicen que aunque existiera delito de genocidio, este no podría aplicarse con retroactividad porque hasta 1995 España no lo reconoció como tal. Será un argumento jurídico aparentemente impecable, pero no debemos olvidar la existencia de otras posibilidades jurídicas como son las contempladas en las convenciones de Ginebra y de la Haya respecto al trato a prisioneros de guerra o los delitos de lesa humanidad. También conviene recordar, solo a título informativo, que la primera moción de la defensa de los jerarcas nazis fue de acuerdo a la antigua máxima jurídica “nullum crimen, nulla poena sine lege” (ningún crimen sin ley) y esta no fue estimada por el tribunal de Nuremberg.
Así que la opción de un proceso no es tan solo una cuestión jurídica sino también de una voluntad política y de justicia que nunca se dará. Claro que otra cuestión son las responsabilidades civiles derivadas de estas acciones y éstas no desaparecen con la muerte del asesino. Así que el numerazo patriótico-conciliador que estos hipócritas están montando a cuenta del dolor ajeno quizá solo pretenda hacernos olvidar que algunos dignos nombres y patrimonios solo se explican en el exterminio de sus vecinos.
Hasta la fecha, y es importante recordarlo, solo se conoce el número y también los nombres de las personas muertas por las “hordas marxistas” o caídos por “la Patria y Dios”. Sobre el resto siempre ha existido una interesada indiferencia, porque conocer su número exacto equivaldría a desmontar uno de los tantos mitos creados en torno a la dictadura franquista, su “benevolencia” frente al vencido.
Esta derecha ve temblar los cimientos de su integridad moral y de su épica. Hablan de abrir viejas heridas, pero algunas de éstas nunca se han cerrado, solo han permanecido amordazadas. Estas actitudes tan solo sirven para volver al mito de las dos Españas. Pero como muy acertadamente dijo Biedma, estas dos Españas nunca existieron, solo existió media España ocupando la otra media.
Con sus palabras y sus titulares indignados solo evidencian su miedo a la verdad, a que los mitos y leyendas en torno a la guerra civil y la dictadura desaparezcan engullidos por la crudeza de los hechos. Estos que tan preocupados están ahora por en qué se gasta el dinero público, no manifestaron la misma preocupación cuando un gobierno del PP, a cuenta de los mismos impuestos que ahora tanto les obsesionan, repatrió los cadáveres de los voluntarios de la División Azul enterrados en Rusia. Y esos hombres se alistaron para combatir en una guerra de agresión y exterminio. En ese momento nadie cuestionó el derecho de los familiares a enterrar con dignidad y cerca de ellos a sus muertos. En cambio cuando se trata de recuperar los cadáveres de republicanos militantes, demócratas o simplemente ciudadanos que tuvieron la mala suerte de ser denunciados por rencores o envidias, montan un escándalo mayúsculo, convocando a modo de amenaza a todos los fantasmas de nuestra historia reciente.
Creo que hace tiempo los demócratas deberíamos haber dicho basta a estos desequilibrados que setenta años después aún continúan destilando rencor. La transición se construyó a partir de un olvido. Pero aquí los únicos que han olvidado y callado han sido las víctimas y sus familiares, porque los otros han continuado comportándose como cruzados y han mostrado públicamente y sin recato alguno el orgullo de serlo. Deberíamos decir basta a un consenso que se fundamenta en silenciar una parte de nuestra memoria y enaltece otra. Quizá debamos olvidar, pero o lo hacemos todos o tiramos la memoria al río.
Seguramente esta decisión del juez Garzón no sirva para iniciar un proceso penal contra nadie, pocos de los responsables de las muertes viven ya. Pero sí tiene el innegable valor de evidenciar la red de complicidades y silencios mantenidos en el tiempo que fueron imprescindibles para que nadie preguntara e indagara sobre estas muertes y esta lista posiblemente también podría revelar el alto grado de institucionalización que el asesinato tuvo durante la dictadura. Además no debe ser plato de gusto para nadie que públicamente se den a conocer no sólo el nombre de las víctimas, sino también el de los verdugos y descubrir asombrado que aquel dulce abuelo que tantas historias de la guerra le contó, obviara aquellas en las que se convertía en un matarife.
Dicen que aunque existiera delito de genocidio, este no podría aplicarse con retroactividad porque hasta 1995 España no lo reconoció como tal. Será un argumento jurídico aparentemente impecable, pero no debemos olvidar la existencia de otras posibilidades jurídicas como son las contempladas en las convenciones de Ginebra y de la Haya respecto al trato a prisioneros de guerra o los delitos de lesa humanidad. También conviene recordar, solo a título informativo, que la primera moción de la defensa de los jerarcas nazis fue de acuerdo a la antigua máxima jurídica “nullum crimen, nulla poena sine lege” (ningún crimen sin ley) y esta no fue estimada por el tribunal de Nuremberg.
Así que la opción de un proceso no es tan solo una cuestión jurídica sino también de una voluntad política y de justicia que nunca se dará. Claro que otra cuestión son las responsabilidades civiles derivadas de estas acciones y éstas no desaparecen con la muerte del asesino. Así que el numerazo patriótico-conciliador que estos hipócritas están montando a cuenta del dolor ajeno quizá solo pretenda hacernos olvidar que algunos dignos nombres y patrimonios solo se explican en el exterminio de sus vecinos.
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