Las zonas francas de exportación en algunos casos son también declaradas “libres de sindicatos”. Espacios donde se aplican normas excepcionales que impiden no solo la presencia de sindicatos, sino que también quedan excluidas de la legislación laboral y de la inspección de las autoridades laborales del país dónde radican. Posiblemente la derecha económica se sentiría muy feliz si el planeta entero fuera declarado zona libre de sindicatos y no existiera ninguna fuerza política y social que moderara sus impulsos depredadores.
Es evidente que los sindicatos, como cualquier otra organización humana, no son perfectos. Pero de ahí a pretender transformar comportamientos individuales y marginales en una norma de conducta general, despreciando e insultando a miles de sindicalistas que hacen su trabajo demasiado bien, a la vista de la ofensiva mediática, solo se explica en la mala fe. Esgrimir como argumento de “inutilidad social” el bajo índice de afiliación de los trabajadores, obviando que el modelo de nuestro país de “taller abierto” desincentiva la afiliación, ya que los beneficios de la negociación colectiva se extienden a todos los trabajadores, estén o no afiliados. Esta omisión, como muchas otras que iremos leyendo a lo largo de los próximos meses, pone en evidencia el encanallamiento de las intenciones.
Me temo que la derecha de este país, como ya hizo en su momento Margaret Teacher, ha iniciado una campaña cuyo objetivo es devorar cualquier postura contraria o cualquier futura oposición a sus intereses e intenciones económicas. Y sería un grave error reducir la ofensiva de Esperanza Aguirre contra los sindicatos, a una de sus habituales salidas de tono (Mariano Rajoy propuso en pleno debate sobre la reforma laboral prohibir las huelgas mientras la negociación colectiva estuviera abierta). En el mejor de los casos podemos considerar que Madrid solo es el laboratorio de las FAES, el lugar escogido por los representantes de la derecha más reaccionaría, ahora llamada liberal, para poner en práctica una estrategia cuyo objetivo último es transformar nuestra sociedad en un disgregado y desconfiado grupo de ciudadanos sumisos, enmudecidos y posiblemente también atemorizados.
En todo caso, ya puestos a generalizar, propongo que ante el gran número de casos de corrupción que salpican a los políticos del PP (que cobran de nuestros impuestos y de sus “apaños”), este partido, para ahorrarnos dinero y disgustos, reduzca el número de candidatos a concejales, presidentes autonómicos o simplemente no presenten listas electorales en aquellas poblaciones en las que alguno de sus militantes haya estado involucrado en casos de corrupción. ¿Verdad que sería un despropósito? Aunque claro, pensándolo bien….
Es evidente que los sindicatos, como cualquier otra organización humana, no son perfectos. Pero de ahí a pretender transformar comportamientos individuales y marginales en una norma de conducta general, despreciando e insultando a miles de sindicalistas que hacen su trabajo demasiado bien, a la vista de la ofensiva mediática, solo se explica en la mala fe. Esgrimir como argumento de “inutilidad social” el bajo índice de afiliación de los trabajadores, obviando que el modelo de nuestro país de “taller abierto” desincentiva la afiliación, ya que los beneficios de la negociación colectiva se extienden a todos los trabajadores, estén o no afiliados. Esta omisión, como muchas otras que iremos leyendo a lo largo de los próximos meses, pone en evidencia el encanallamiento de las intenciones.
Me temo que la derecha de este país, como ya hizo en su momento Margaret Teacher, ha iniciado una campaña cuyo objetivo es devorar cualquier postura contraria o cualquier futura oposición a sus intereses e intenciones económicas. Y sería un grave error reducir la ofensiva de Esperanza Aguirre contra los sindicatos, a una de sus habituales salidas de tono (Mariano Rajoy propuso en pleno debate sobre la reforma laboral prohibir las huelgas mientras la negociación colectiva estuviera abierta). En el mejor de los casos podemos considerar que Madrid solo es el laboratorio de las FAES, el lugar escogido por los representantes de la derecha más reaccionaría, ahora llamada liberal, para poner en práctica una estrategia cuyo objetivo último es transformar nuestra sociedad en un disgregado y desconfiado grupo de ciudadanos sumisos, enmudecidos y posiblemente también atemorizados.
En todo caso, ya puestos a generalizar, propongo que ante el gran número de casos de corrupción que salpican a los políticos del PP (que cobran de nuestros impuestos y de sus “apaños”), este partido, para ahorrarnos dinero y disgustos, reduzca el número de candidatos a concejales, presidentes autonómicos o simplemente no presenten listas electorales en aquellas poblaciones en las que alguno de sus militantes haya estado involucrado en casos de corrupción. ¿Verdad que sería un despropósito? Aunque claro, pensándolo bien….
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