Plata o plomo

Las leyes atadas a las fronteras nacionales parecen insuficientes para detener las actividades de las organizaciones criminales. La libertad de movimiento de capitales y los paraísos fiscales han sido maná para estas organizaciones. La gran cantidad de recursos de los que disponen no solo les permiten burlar las leyes sino también retar abiertamente a los estados, estableciendo fronteras interiores donde, sin disimulo, imponen su ley. Este poder no solo ha sido comprado gracias al dinero o a las amenazas, también es el resultado de un progresivo debilitamiento de los estados, que por imposibilidad, incompetencia o ideología han abandonado sus responsabilidades, desatendiendo las necesidades de sus ciudadanos, que han sido satisfechas, a un precio muy alto, por grupos mafiosos.

México lleva años librando una dura y cruenta guerra contra estos delincuentes. En Jamaica la extradición hace unas semanas de un traficante, protegido durante mucho tiempo por políticos locales, solo fue posible después de un intenso enfrentamiento entre la policía y sus seguidores. Este fenómeno no es patrimonio exclusivo de una nación. Su situación económica y desarrollo social únicamente determinan el grado de intensidad y que las acciones de estos grupos sean más evidentes o disimuladas. Lamentablemente la mayoría de estados, por sí solos, no pueden competir con los recursos económicos e instrumentos de impunidad que la globalización ha puesto a disposición de las organizaciones criminales.

Si no se pone coto a estas organizaciones, si no somos capaces de vencer en este reto fruto de la desigualdad, la injusticia y el desprestigio de las instituciones democráticas, es posible que el siglo XXI sea testigo de la desintegración de los estados más débiles o que otros sean controlados por personas vinculadas a estas organizaciones criminales. A los ciudadanos, progresivamente desposeídos de derechos y oportunidades, solo les quedará la posibilidad de ser sicarios, siervos o cadáveres. Si alguien piensa que este conflicto es exclusivamente una cuestión de orden público está muy equivocado, es una guerra por la democracia y la libertad de los individuos.